La explotación ilícita de recursos naturales en las zonas en conflicto tiene efectos directos y significativos sobre los niños. Estos saqueos están sustrayéndoles deliberadamente sus derechos inalienables a la educación, la salud y el desarrollo. Los niños son explotados como mano de obra barata y se les obliga a trabajar en condiciones insalubres y peligrosas con consecuencias devastadoras para su futuro. Además, esta práctica se ha convertido en uno de los mecanismos principales para alimentar y prolongar los conflictos en que los niños son las víctimas que más sufren.
Relacionado estrechamente con las zonas grises en que se superponen las actividades motivadas por la criminalidad y la política está el fenómeno de las guerras motivadas por el control de determinados bienes o recursos, en que el conflicto muchas veces tiene que ver con el control del territorio o del aparato estatal como medio para controlar recursos naturales como el petróleo, los diamantes, el oro, el coltán, la madera o el cacao. Los datos empíricos indican que en muchas de estas guerras motivadas por ventajas económicas es frecuente que participen múltiples agentes que se disputan un botín, desde las fuerzas armadas de un gobierno y los grupos armados opuestos al Estado hasta intereses internacionales como otros Estados, empresas multinacionales y carteles delictivos. Muchas veces existen vinculaciones estrechas con otras actividades lucrativas y principalmente ilícitas, como el tráfico de armas y estupefacientes, lo que contribuye a alimentar y prolongar los conflictos. Además de su conscripción como soldados y otras categorías de violaciones graves, los niños también pueden ser obligados a trabajar en actividades mineras o estar expuestos a redes delictivas dedicadas a la trata de niños. Las guerras por ventajas económicas han generado economías de guerra complejas y en muchos casos han internacionalizado el conflicto armado. Por ese motivo, la comunidad internacional enfrenta el importante desafío de reaccionar ante ellas, incluso mediante la aplicación de medidas selectivas. Los regímenes de sanciones y otras medidas deben ser cada vez más elaboradas y multifacéticas a fin de incidir en quienes inician el conflicto, lo alimentan o se benefician con él de alguna manera. También es necesario que las empresas e industrias que se benefician del comercio ilícito de recursos naturales asuman mayores responsabilidades institucionales.

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